La idea de reunir a los tres expresidentes en una entrevista televisiva tenía un natural atractivo y fue un acierto en la programación del espacio Santo y Seña, que dirige Ignacio Álvarez.

Sus resultados fueron menores a los esperados y si se piensa que esa presentación simultánea en vivo sirvió como demostración cabal de la fortaleza de nuestras instituciones, no alcanza para disimular la evidente percepción de la grieta que divide la sociedad en dos modelos de país distintos, sostenidos por diferentes sistemas de valores. Los hechos acaecidos últimamente, además, están anunciando una virulenta campaña electoral que ya se avizoraba en cuestionamientos, denuncias e impugnaciones plebiscitarias.

Pero volviendo a la entrevista, dirigida sin timidez ni limitaciones por su conductor, nos dejó las siguientes impresiones.

El doctor Lacalle, como siempre, se vio sólido, dio la imagen de no estar del todo a gusto y hasta un poco displicente en ese menester televisivo que poco lo entusiasmaba. Por su parte, el doctor Sanguinetti, siempre dispuesto y de fácil acceso, con su natural temperamento para el diálogo que no ha empañado el paso de los años, animó el encuentro con su fluida oratoria y solo tuvo un momento de tensión cuando se habló del Pacto del Club Naval, del que no participó el Partido Nacional, que en aquel momento era casi medio país.

El gran perdedor fue Mujica, quien preguntado por temas referidos a los errores de su gestión (el remate de Pluna y las consecuencias de orden judicial para Lorenzo y Calloia, por ejemplo) contestó con incoherentes evasivas.

Se habló más del pasado que de las próximas elecciones, sin pasarse ninguna factura entre los partícipes. Naturalmente, todavía no había saltado la gravísima denuncia contra el favorito del Frente Amplio presentada por una trabajadora sexual contra Yamandú Orsi y cuyas proyecciones y consecuencias aún son imprevisibles. De todas maneras, enrarece un clima que debería ser de confrontación ideológica y de respeto personal. Como decimos más arriba, asoma una campaña dura entre dos bloques de concepciones diametralmente opuestas sobre el modelo de país.

Sin existir en ninguna tienda candidatos que enamoren, la abundancia de ofertas habla de la carencia de liderazgos definidos. En el Frente Amplio se reduce a un match entre los intendentes de Canelones y de Montevideo, aún con resultado incierto pese al favoritismo de Orsi.

En el Partido Colorado sobreabunda la oferta de candidatos, en algún caso con inexplicables expectativas de éxito. Mientras tanto, ese exceso o abundancia de postulantes no parece, según las encuestas, lograr un aumento considerable de la intención de voto.

En el Partido Nacional es notoria la construcción de poder que el presidente llevó a cabo, logrando un indiscutible liderazgo que alcanza para toda la actual generación. Sin embargo, lo preocupante para la coalición de gobierno es el eventual debilitamiento de los demás partidos, que en el caso de Cabildo Abierto se presenta como en un proceso al que la Torre Ejecutiva ha contribuido al rechazar, en forma casi sistemática, iniciativas que consideramos valiosas. Dejando de lado el veto a la reforma del régimen de forestación o la medida exagerada de solicitar la renuncia de la ministra de Vivienda por la adjudicación en arriendo de dos soluciones habitacionales, o la negativa a otorgar el cargo que corresponde a Cabildo en la Corte Electoral, está el bloqueo a todas las medidas que favorecen a la familia militar. Y solamente a fin del mandato se ha aprobado la reparación a las víctimas de la guerrilla.

En este gobierno se ha procesado, condenado y encarcelado a decenas de militares ya ancianos, por hechos claramente prescriptos. No negamos la posibilidad de que los insaciables reclamantes nieguen la prescripción de los delitos de Lesa Humanidad, que también cometieron las organizaciones guerrilleras, sino que esa regla de imprescriptibilidad se aplique con retroactividad, lo que violenta uno de los principios angulares del derecho penal, sin que la Suprema Corte ampare, ya no a los acusados, sino a la integridad el orden jurídico.

Los delitos contra los derechos humanos también fueron cometidos por la subversión, como la tortura (la cárcel del pueblo, Sergio Molaguero), la desaparición forzada (Pascasio Báez), el terrorismo con bombas (Bowling de Carrasco), los homicidios políticos por más de sesenta alevosos casos y los secuestrados metidos en un sucucho maloliente bajo tierra y comiendo bazofia, sin intimidad y obligados a realizar sus necesidades más íntimas a la vista de sus custodios, ya fueren hombres o mujeres.

Además, hay una lista de casi treinta sediciosos que, estando probada su participación en hechos de sangre, comienza con Hugo Washington Wilkins Méndez y finaliza con Gabino Falero Montes de Oca, nunca fueron procesados por sus crímenes y de los cuales no se sabe si están cobrando las generosas reparaciones que por millones de dólares ha pagado y sigue pagando el Estado, con el dinero de los contribuyentes.

Grave error de la Torre Ejecutiva que compromete el triunfo de toda la Coalición Republicana y torna incierta, muy incierta, la posibilidad que en el año 2028 el doctor Lacalle Pou pueda volver a competir con éxito.