La actual situación de narcoviolencia es por una evolución delincuencial y social, según asegura el comisario mayor (r) licenciado Jorge Gómez Arbiza. También indica que hay oculta una “cifra negra” vinculada al narcotráfico. Se trata de baleados o torturados de los que no hay registro.

¿Qué puede comentar de las últimas muertes violentas registradas por temas de narcotráfico?

Es un tema con varias facetas, algunas atribuibles a la evolución de los delitos en general y en particular al narcotráfico. Hay una evolución delincuencial y social. El que se inicia en el narcotráfico va escalando, como en una empresa, por méritos. Esas acciones violentas son para ellos algo positivo dentro de una estructura que nace en los barrios, en la interacción entre antisociales y delincuentes. Eso después se prolonga con un aprendizaje carcelario. Debemos tener en cuenta que las penas por tenencia de drogas para distribución no son tan graves. Al poco tiempo salen y, como eventualmente no ven otra alternativa tan redituable, reenganchan con la actividad. A veces la siguen manejando desde la prisión por la existencia de nexos permanentes de comunicación entre la cárcel y la organización.

¿A qué atribuye el incremento en los niveles de violencia dentro del narcotráfico?

Hay un punto que remarcamos y es muy importante: hay una cifra negra, que no se ve tanto. En el observatorio de criminalidad del Ministerio del Interior se dan datos de violencia doméstica, hurto, rapiña, abigeato y homicidios. En los hechos vinculados al narcotráfico existe esa cifra, que nunca se da, de lesionados graves o leves. Es muy habitual ver heridos de bala en piernas o brazos, o amputaciones, como cortes de dedos u orejas. Eso pasa como un delito de lesiones graves o leves, no se lo vincula directamente al narcotráfico. El ajuste de cuentas, posiblemente vinculado al narcotráfico, es la punta del iceberg que vemos. Un medio de prensa publicó cifras de heridos con lesiones por balazos. Hay unos cuatrocientos homicidios por año y 1400 heridos en distintas circunstancias, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Es decir, por cada homicidio hay cinco heridos graves o leves por armas de fuego o blancas, muchas veces por rivalidades entre los narcos. El problema es mucho más grave de lo que se ve.

¿Actúan bandas internacionales en el país o no se ha llegado a ese nivel de organización entre los narcotraficantes?

Cabildo Abierto tiene en el programa un punto para prevenir una situación de este tipo. Hay integrantes de distintas organizaciones criminales del exterior, sobre todo regionales, en prisión por sicariato o transporte de droga. Son básicamente de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Forman parte de una organización mucho más grande, empresarialmente multinacional, dedicada a esa rama de la criminalidad. Cuando son formalizados van a parar las cárceles uruguayas. Para el envío a una determinada prisión se realiza una clasificación, que no es la correcta ya que no tenemos una cárcel de máxima seguridad para este tipo de individuos. Entonces en las cárceles se mezclan con criminales locales y puede haber rivalidades, pero también hay mucha coordinación, aprendizaje de bandas de narcotráfico locales de menor cuantía para tender lazos de conexión con criminales internacionales para apoyar la logística, distribución y acopio de drogas que va a otros países. Esa operativa se paga con droga que queda en Uruguay. No pensamos que las organizaciones criminales hayan colonizado el territorio uruguayo con ese dominio que tienen en otras ciudades como Rosario, Juan Caballero o San Pablo y Río de Janeiro. No estamos a ese nivel. Tampoco formamos parte de un objetivo inmediato porque la situación en esas ciudades todavía les permite operar con una relativa libertad. Acá estamos dando ventajas desde el punto de vista fronterizo y de control interno que podrían favorecer el establecimiento de esas organizaciones. Esas bandas están, pero no colonizando territorios.

¿Quiénes llevan adelante la violencia narco?

La violencia es por un enfrentamiento de tipo barrial. Desde que el Frente Amplio estaba en la administración, y se continúa ahora, no se han potenciado las seccionales policiales como Cabildo Abierto plantea permanentemente. No hacerlo implica una pérdida del control territorial por parte del Estado. Esa es la clave. No puede descansar todo en una dirección de investigación nacional o en una zona con seis jurisdicciones. Un ejemplo es la dirección departamental de droga de Montevideo de la cuarta zona, que agrupa a la cuarta parte de la capital, donde viven entre cuatrocientas y quinientas mil personas. Su parte operativa de investigaciones tiene alrededor de cien policías, repartidos en tres turnos, por lo cual hay poco más de treinta por turno. Es imposible controlar una jurisdicción como esa con tan poco personal. El promedio actual de 68 policías por seccional tiene que ir por lo menos al doble, sin debilitar la parte preventiva.

¿El perfil de los policías debe ser el mismo en una zona complicada que en otra donde no hay hechos de sicariato?

En Montevideo hay veinticinco comisarías, cuyas funciones son información, prevención y represión del delito. En este último ítem está la investigación y respuesta inmediata. Todas las comisarías tienen un perfil diferente operativo, según el índice de violencia o socioeconómico de su zona. En seccionales como la 12 o 17, con barrios de mayor conflictividad, se debe potenciar mucho más la parte represiva y de investigaciones, porque en general el delincuente vive en esa zona y delinque en lugares muy cercanos. En otras zonas más residenciales con muchos edificios de altura, el delincuente en general va a otros lugares a delinquir. Ahí se debe potenciar la parte preventiva y de intervención, no la preventiva estática, sino la proactiva, la prioridad está centrada en otro aspecto. Por eso en nuestro programa tenemos previsto crear una figura que llamamos “comisaría de contexto crítico”. Es decir, delimitar aquellas jurisdicciones que tienen mayor influencia delictiva para tener un método permanente de intervención. Pensamos que la comisaría de contento crítico debe tener un dominio 24/7 de la zona.

¿Cómo observa que el tema de la seguridad ingrese fuertemente en la campaña electoral?

La seguridad no puede seguir siendo un botín electoral con planteos de que se va a mejorar absolutamente todo. Después, cuando se instala un determinado proyecto, durante el período de elaboración o de implementación hay un ataque permanente de la oposición. Se tiene que coordinar una política de Estado. Hemos leído los ejes programáticos del Frente Amplio respecto al tema y compartimos todo lo que allí está expuesto en cuanto a la intervención social para prevenir las causas del delito. Discrepamos en la ausencia de metodologías proactivas y operativas. Hay que desterrar esa visión de apuntar a prevenir las causas o lidiar con las consecuencias. Para nosotros son complementarias, por lo cual se necesita una intervención multidireccional y multinstitucional.

¿Por qué se plantea por parte de Cabildo Abierto la creación de una cárcel de máxima seguridad?

En las cárceles, cuando existen complicaciones con presos peligrosos, generalmente se efectúan traslados al interior, pero también se van a esas ciudades la familia o el grupo amigo que estaban ligados a la actividad delictiva. Eso termina influyendo en la seguridad de algunas ciudades. El delincuente en la cárcel sigue con su actividad y la familia y amigos también están en la zona, generando nuevos problemas. Esto se solucionaría con una cárcel de seguridad en una zona bien aislada del país.

Si no se toman las medidas que plantea Cabildo Abierto, ¿cómo visualiza el futuro?

La evolución no está estrictamente ceñida a causas nacionales. Depende mucho del contexto regional. La criminalidad en el país va a seguir así, sobre todo por el nuevo Código del Proceso Penal. Seguirá aumentando la cantidad de presos, pero disminuirá el tiempo que permanezcan en prisión. Por un hurto, antes iban cuatro o cinco años y ahora, con los acuerdos abreviados, dos. Hay una población flotante muy grande que ingresa y sale de la cárcel. Eso implica que el índice delictivo será muy difícil de revertir si no establecemos un dominio territorial efectivo, que es lo que nos falta. Por ejemplo, en el programa del Frente Amplio no hay ningún cambio administrativo-organizacional para la Policía. El Ministerio Interior, que está dominado por el Partido Nacional, no cambió, lo cual llevó a la pérdida del dominio territorial. Todo sigue tal cual. Las comisarías siguen indefensas, impotentes e inoperantes para actuar y si eso no se cambia, sea el gobierno que sea, la situación va a seguir igual. Las mejoras eventuales, como hemos experimentado en los primeros tiempos de este gobierno son insuficientes si no se trasunta eso en una respuesta operativa en el territorio.