Hechos notorios y de público conocimiento son descritos en el acta de imputación presentada por el Ministerio Público contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por la escandalosa filtración de datos confidenciales de la Seprelad con fines políticos.

Una de las situaciones que fácilmente puede corroborarse, tan solo recurriendo al archivo, es la acusación realizada por el entonces presidente de la República y también candidato a presidir la Asociación Nacional Republicana (ANR), Mario Abdo Benítez, quien tuvo acceso al informe confidencial de la Seprelad y expuso parte de su contenido durante un discurso político, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma TABESA pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.

El exmandatario, ahora imputado y en proceso de desafuero, no puede desconocer estas declaraciones que realizó en el marco de la campaña, con el único fin de desacreditar la figura de su contrincante de ese entonces.

Otro hecho notorio e irrefutable es el posteo realizado por el entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien al igual que su jefe accedió a información confidencial y publicó en su red social Twitter (X) los salarios percibidos por el entonces candidato presidencial Santiago Peña como directivo del Banco Basa, también a efectos de desacreditarlo políticamente.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales que figuraban en el informe confidencial de la Seprelad. En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que, en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Respecto a Carlos Arregui, otro de los cercanos colaboradores de Mario Abdo procesado por el esquema montado, este era el ministro de la Seprelad y, por ende, pesaba sobre él la responsabilidad de qué hacían su directora Carmen Pereira y los demás subalternos que estarían implicados en la rosca, según la imputación de la Fiscalía.

Al igual que Cecilia Pérez, el abogado de Arregui, Felino Amarilla, no pudo sostener sus argumentos al ser confrontado sobre cómo se configuró la “persecución a inocentes” y, además, en qué parte se establece que un denunciado, aún no imputado, ya debe formar parte del proceso abierto en su contra ni acceder a la carpeta de investigación.

Fue también de público conocimiento que los diarios oficialistas del Gobierno anterior, ABC y Última Hora, dieron a conocer datos que solo la Seprelad manejaba. Así también, la prensa abdista publicó el pedido de informe de carácter confidencial hecho por la Fiscalía de Panamá con relación al expresidente Horacio Cartes, con el fin de atacarlo políticamente. La filtración ocurrió cuando el diario Última Hora emitió la publicación periodística: “FISCALÍA DE PANAMÁ ESTÁ INVESTIGANDO A HORACIO CARTES, REVELA GIUZZIO”, así como cuando el diario ABC Color publicó la nota “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO DE DINERO”.

Incluso, el medio de comunicación de los Zuccolillo había adjuntado a su publicación el formulario de pedido realizado por la fiscala panameña a través de la plataforma electrónica, configurándose esto en una abierta violación a la confidencialidad que deben respetar los funcionarios encargados de recibir esa notificación.

Según la Fiscalía, fueron responsables de dicha filtración los entonces ministros de Seprelad, Carlos Arregui, y del Interior, Arnaldo Giuzzio, quienes habrían proporcionado a la prensa amiga los datos para atacar al enemigo político de su jefe Mario Abdo Benítez.

Los implicados en el esquema de filtraciones de la Seprelad durante la administración anterior no pueden refutar los datos públicos que fueron presenciados por todos, y ahora deben afrontar las consecuencias legales de sus reprochables actos, al utilizar una institución tan importante como mero garrote político, socavando así la confianza en las instituciones gubernamentales y en la capacidad del Estado para proteger la información sensible de los ciudadanos.

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